El Ejército y la Marina supieron que los jóvenes serían secuestrados en 2014 y ocultaron información que podría haber conducido a su ubicación, reveló el informe.
Una comisión de expertos independientes acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave y destruido evidencias sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
«Lamentablemente no hemos podido (establecer el destino de las víctimas). Esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas», dijo a la prensa Francisco Cox, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso.
Claudia Paz y Paz aseguró que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas de Ayotzinapa dos días antes de su desaparición, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala (sur) previo a unas manifestaciones estudiantiles.
«Las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo», dijo. Por ello, añadió, la misma noche del 26 las autoridades locales y federales sabían «qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes», aunque esos datos no fueron entregados para las indagatorias.
«Esta información hubiera sido importantísima para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades sino hasta ahora», subrayó.
El GIEI fue creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes, presuntamente a manos de policías coludidos con narcotraficantes.
Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, mencionó a su vez la alteración de un basurero donde fueron encontrados restos humanos, entre los cuales han sido identificados los de tres alumnos. «Se modificó la escena», afirmó.
Además del ocultamiento de información, Cox subrayó que las acciones de los propios criminales también impiden «saber el destino final» de los estudiantes.
Al menos «22 personas que pudieron haber tenido información han muerto, solo dos por muerte natural. Llama la atención la de un hombre con 21 disparos en un operativo policial», apuntó el comisionado.
El día de los hechos, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.
Según la llamada «verdad histórica» que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.