La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo central de la nueva Ley de Aguas es garantizar la igualdad. “La misión de la nueva ley es acabar con los privilegios” señaló en referencia a los esquemas que durante años permitieron la transmisión de derechos de agua entre particulares.
En el marco del Día Mundial del Agua, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, presentó los impactos positivos de la nueva Ley de Aguas, al destacar que se trata de una reforma estructural que pone fin a prácticas de privilegio y prioriza el acceso equitativo al recurso.
Morales López afirmó que la reforma “corta de tajo el régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal” y establece un nuevo modelo que privilegia el derecho humano al agua para las y los mexicanos.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de las transmisiones de concesiones, mecanismo que permitió la creación de un mercado paralelo del agua. “La nueva ley elimina las transmisiones entre particulares, lo que permite terminar con el mercado negro del agua”, explicó el funcionario.
Además, se prohíben los cambios de uso irregulares, particularmente aquellos en los que concesiones agrícolas, que no pagan derechos por estar destinadas a la producción de alimentos, eran utilizadas con fines comerciales. “Se terminó el acaparamiento del agua y se reforzó el combate al uso ilegal”, puntualizó.
Como parte de los resultados de esta nueva legislación, se han detectado múltiples casos de uso indebido de concesiones. En Zacatecas, por ejemplo, siete títulos de concesión fueron transmitidos y fragmentados hasta convertirse en 50, lo que generó ganancias de hasta 54 millones de pesos para un particular.
Otro caso relevante se identificó en Chihuahua, donde en un acuífero sobreexplotado se otorgaron más de 100 concesiones agrícolas y cientos de constancias sin que existiera infraestructura o uso real del agua. Estas prácticas impedían que personas que realmente necesitaban el recurso pudieran acceder a él, mientras que los títulos eran utilizados para especulación.
En Querétaro, se documentó el uso indebido de concesiones agrícolas para la venta de agua en pipas y el abastecimiento de desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos. “El agua que era para producir alimentos se utilizaba para lucrar”, explicó Morales, al detallar que ya se han clausurado pozos y retirado concesiones vinculadas a estos casos.
También destacó los esquemas de extracción ilegal en Nayarit, donde se perforaban pozos sin autorización para vender agua, así como desvíos en Baja California Sur, donde se interceptaba el suministro de acueductos para comercializarlo mediante pipas.
Con la nueva ley, estas prácticas son sancionadas con multas de hasta 230 mil pesos y penas de hasta cinco años de prisión, fortaleciendo las capacidades del Estado para combatir el uso ilegal del recurso.
En términos de resultados, Morales destacó un incremento en la recaudación de 3,500 millones de pesos durante 2025, con una meta de 6,300 millones para 2026. Estos recursos serán destinados a obras hidráulicas y proyectos para ampliar el acceso al agua.
También se han intensificado las labores de supervisión, con 7,614 inspecciones realizadas, que derivaron en 1,006 clausuras por uso ilegal del agua. A la par, se han concluido 9,547 trámites en beneficio de pequeños productores y comunidades, quienes han recuperado acceso a concesiones.
Un componente clave de la reforma es el reconocimiento de sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas, lo que refuerza el enfoque de justicia social en la distribución del recurso.
Como parte de estos avances, durante la conferencia se realizó la entrega de títulos de concesión a los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, que durante años pagaron por el agua bajo esquemas de transmisión. En los últimos cinco años, estos pagos superaron los 531 millones de pesos.
La presidenta calificó este acto como “histórico” y señaló que representa un paso hacia la recuperación del control público del agua, garantizando que el recurso sea administrado en beneficio de la población.
Con estos cambios, el gobierno federal busca consolidar un modelo hídrico basado en la equidad, la legalidad y el acceso universal, dejando atrás prácticas de especulación y concentración que limitaron el derecho al agua en diversas regiones del país.