El gobierno estadounidense impugnó las medidas impuestas por México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno de México eliminó las restricciones al comercio de maíz genéticamente modificado o transgénicos y al uso de glifosato en los cultivos, para dar cumplimiento a un fallo del panel de resolución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el «Acuerdo por el que se deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre maíz genéticamente modificado», de la Secretaría de Economía de México.
En el documento, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se derogan algunos artículos de un decreto publicado en febrero de 2023, que ordenaba a las autoridades revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana; y se instruía a las agencias gubernamentales a sustituir gradualmente este grano.
La decisión de dar marcha atrás no ha sido fortuita, puesto que Estados Unidos recordó que el el tratado comercial (T-MEC) en agosto de 2023 para impugnar la medida de las autoridades mexicanas, establecidas en su decreto de febrero de ese año, que ponía restricción a la importación del producto.
Tras ello, en diciembre de 2024, el panel de solución de diferencias del T-MEC falló en contra de México.
Según dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), al conocer la decisión, los expertos «estuvieron de acuerdo» con Washington en las siete reclamaciones legales que hizo al respecto, «encontrando que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el T-MEC».
En esa oportunidad México, aunque se mostró en contra del fallo, adelantó que lo respetaría, como ha hecho ahora, señalando que «el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave» del tratado.
Sin embargo, la voluntad de las autoridades mexicanas para cumplir con lo estipulado en el tratado no es garantía suficiente para su continuidad, al menos en los términos en los que está definido actualmente.
De una parte, el T-MEC será revisado en 2026, en un contexto signado por las políticas arancelarias y las rispideces con el Gobierno liderado por el presidente Donald Trump, debido a asuntos que exceden la esfera comercial, como la lucha contra los cárteles de la droga y las repatriaciones de personas migrantes.
Aunque momentáneamente la presidenta Claudia Sheinbaum acordó una pausa en la imposición recíproca de aranceles durante un mes y planea que se extienda, esa decisión no está completamente en sus manos y puede afectar de modo decisivo la continuidad del tratado.
A ese respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió la semana previa que la imposición de medidas arancelarias contradice lo establecido en el T-MEC, que se soporta en el principio de cooperación trilateral.
«El 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. La posible implementación de estas medidas arancelarias no solo afecta la estabilidad económica de la región, sino que además pone en riesgo los avances logrados a lo largo de años de trabajo conjunto entre las tres naciones», apuntó Corpamex en una nota de prensa.