«Exigimos la cancelación del convenio con Israel: no a la complicidad con el genocidio, no al maquillaje hídrico»
Chihuahua. Mientras más de 2 millones de personas se baten entre la vida y la muerte por los bombardeos indiscriminados de Israel, así como el hambre que azota a la población gazatí por el bloqueo israelí, en Chihuahua el gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván pacta con asociaciones parte del estado sionista, en convenios de cuestión hídrica, en un estado desértico que padece una de las más duras sequías recordadas.
Varios colectivos encabezados por «PalestinaMX Sandía Libre Chihuahua», manifestaron su rechazo al convenio de colaboración que mantiene el gobierno estatal, a través de la Junta Centra de Agua y Saneamiento (JCAS), con el programa MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo a un comunicado con junto de los colectivos que sostuvieron una reunión con con Mario Alonso García Durán, representante de la Junta Central de Agua, expusieron que dicho convenio presentado como una “valoración técnica”, es una medida superficial que no enfrenta las verdaderas
causas de la crisis hídrica en el estado.
Actualmente el estado de Chihuahua sufre una sequía que ha dejado afectaciones ambientales, estrés hídrico y crisis de abastecimiento del vital líquido en las principales ciudades, a la par que se incrementa la sobreexplotación de mantos acuíferos y pozos fomentado por el aumento indiscriminado de huertas nogaleras para la producción de nuez, así como la producción de alfalfa para ganado y la misma actividad ganadera, a lo que se suman variadas denuncias de corrupción ligadas a la explotación de pozos, legales e ilegales.
Este convenio fue firmado en 2023 por la conmemoración por los 70 años de Relaciones Diplomáticas México-Israel, supuestamente el plan buscaba trabajar en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos a implementarse en situaciones de crisis y condiciones críticas, con la aplicación de tecnologías para la reducción y prevención de fugas, a fin de solucionar la pérdida del agua.
Sin embargo, a tres años de haber suscrito este convenio, la JCAS no ha expuesto los resultados o acciones de esta colaboración, de acuerdo al comunicado de los colectivos chihuahuenses, lejos de representar una solución, esta alianza refuerza un modelo extractivo e insostenible que mantiene a Chihuahua en estado de emergencia ambiental: con más de 16 mil pozos ilegales, acuíferos
sobreexplotados y cultivos agroexportadores (como el nogal y la alfalfa) que consumen el agua que debería estar destinada al bienestar colectivo.
Cabe destacar que este convenio fue firmado directamente por Mario Mata Carrasco, titular de la JCAS y el Embajador de Israel, Zvi Tal. Como testigos de honor estuvieron presentes, Jesús Alberto Valenciano García, Presidente Municipal de Delicias; y Alan Jesús Falomir Sáenz, Director Ejecutivo de la JMAS Chihuahua.
Los colectivos informaron que entregaron sus demandas y manifestaron su absoluto rechazo a este convenio de colaboración, luego que actualmente Israel es acusado internacionalmente por llevar a cabo un genocidio en contra de la población palestina en la Franja de Gaza, órganos internacionales de justicia y varios países han manifestado su rechazo e incluso suspendido relaciones comerciales y energéticos con el ente sionista ante el exterminio en Gaza.
«Pero el problema no es solo técnico: es ético y político. El Gobierno de Israel ha sido señalado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. México, como Estado miembro de la ONU y firmante del Estatuto de Roma, tiene la obligación jurídica y moral de abstenerse de establecer vínculos con un régimen acusado de genocidio. La colaboración técnica no puede
aislarse de sus implicaciones diplomáticas y éticas. México ha demostrado antes que puede actuar con dignidad: rompió relaciones con Sudáfrica durante el apartheid. Hoy, frente al genocidio del pueblo palestino, exigimos esa misma altura de miras», reza el comunicado.
Las exigencias de los colectivos son:
La cancelación inmediata del convenio con el programa MASHAV y el cese de toda colaboración con el
gobierno de Israel.
El abandono de medidas cosméticas que simulan atención a la crisis hídrica sin transformar el modelo que la provoca.
La implementación de un plan hídrico integral, que incluya la reconversión de cultivos, la reducción del uso agrícola en zonas críticas, el cierre de pozos ilegales y la protección efectiva de zonas de recarga.
La apertura de mecanismos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua, con voz y voto desde las comunidades afectadas.
Cabe destacar que el estado sionista de Israel utiliza el bloqueo del suministro de agua potable en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada, como un método de guerra y de desgaste, violentando los derechos humanos de la población, a fin de expulsar a los palestinos de sus territorios históricos.
«Exploraremos todas las vías legales y diplomáticas para frenar esta colaboración, que no solo es técnicamente ineficiente, sino éticamente inadmisible. Y nos reservamos el derecho de emprender acciones colectivas para defender el agua, la dignidad y la justicia. No al genocidio, no a la simulación, no al despojo. El agua no se negocia. El agua se defiende».