Chihuahua. Tras el asesinato cobarde del presidente municipal de Uruapan en el estado de Michoacán durante el fin de semana, el tema ha sido utilizado de manera política y politiquera por parte de la oposición en México, en Chihuahua funcionarios del gobierno de Eugenia Campos y el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, se han sumado a la campaña contra el gobierno federal, sin embargo termina Chihuahua en el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, y de esto ni los medios ni las autoridades hablan.
En 2022, Chihuahua ocupó el Sexto lugar nacional en la comisión de homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo de enero a septiembre de 2025, Chihuahua pasó al Segundo lugar en el ranking nacional, solo por debajo de Guanajuato.
En contraste a nivel nacional el promedio diario de homicidio doloso se redujo un 32% a nivel nacional, pero en Chihuahua solo ha disminuido un 14%.
Tan solo durante este último fin de semana en varias regiones se registraron asesinatos, pero esto no interesó a la clase política gobernante en Chihuahua, que aprovecharon la carroña y la campaña en redes sociales de la oposición para criticar al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El presidente municipal aseguró que por parte de morena se intenta responsabilizar de este asesinato al ex presidente panista Felipe Calderón, algo totalmente falso, sin embargo la oposición y los medios de comunicación en Chihuahua ligados al prianismo chihuahuenses, han replicado esta postura.
“Debo decir que, no solo a la presidenta, sino a muchos actores: tantita madre. Qué insensibles se ven diciendo que esto es culpa de Calderón, cuando llevan ocho años gobernando este país”, expresó Bonilla.
Cabe destacar que tras estos hechos violentos en Michoacán, políticos del PRIAN han criticado duramente la estrategia de seguridad de la presidenta, exigiendo se actúe contra el crimen organizado, como lo hizo Felipe Calderón, una estrategia fallida y sangrienta que comenzó en Michoacán en 2006, y siguió hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin resultados.
Y en medio de la sangre de los últimos homicidios en el estado de Chihuahua, el secretario de seguridad pública estatal Gilberto Loya, dijo ante los medios de comunicación que el gobierno federal debe «tener mano dura» contra el crimen organizado, pero de los asesinatos diarios en el estado tampoco dijo nada.