Mientras la administración de la gobernadora María Eugenia Campos carga con una larga lista de corruptelas señaladas y denunciadas, en donde la Fiscalía Anticorrupción no ha actuado, este martes 23 de abril, a poco más de 24 horas de iniciar las campañas electorales, esta misma dependencia estatal allanó la vivienda donde habita el presidente municipal de Juárez, quien busca la reelección por morena.
Ciudad Juárez. La tarde de este martes, como si de un operativo contra un grupo delincuencial se tratara, con personal armado y todo el equipo, la Fiscalía Anticorrupción allanó la vivienda donde vive actualmente Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, y quien busca la reelección por morena, con un amplio margen de preferencial electoral.
Luego del allanamiento, donde personal de la fiscalía ingresó en el fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, en donde sacaron a la familia del alcalde con licencia, el titular de la fiscalía, Abelardo Valenzuela, dio a conocer que se procedió al aseguramiento de dos viviendas ubicadas en el fraccionamiento, en virtud de una denuncia por enriquecimiento ilícito, interpuesta por panistas y organizaciones no gubernamentales.
Ambas viviendas, se localizan en la calle Fresno, números 1564 y 1642, donde elementos de la corporación desahogaron las diligencias de ejecución del aseguramiento, conforme a la Ley requerida, encuadrado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El PAN ha utilizado una narrativa en contra del alcalde morenista, quien lidera las preferencias electorales en esta fronteriza ciudad, que por amplio margen se separa del respaldo que tiene acción nacional, por lo que los señalamientos en contra de Pérez Cuéllar se intensificaron durante las últimas semanas.
¿Qué le investigan?
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada, se señala que el valor comercial de una de las casas habitanción asciende a aproximadamente 26 millones de pesos y la persona imputada es identificada bajo las siglas D.S.P.M.
Valenzuela, explicó que para los efectos del delito de enriquecimiento ilícito, el patrimonio del servidor público comprende todo aquel que adquirió por sí mismo, y cómo fue su evolución patrimonial, misma que debe ser acorde a sus ingresos económicos.
Por lo anterior, dijo, es que se justifica este aseguramiento que se realizó mediante control judicial, es decir: “No fue una decisión unilateral de esta representación social del Ministerio Público, lo resolvió el órgano jurisdiccional, pues se hace necesario conocer el valor comercial actual de dichos inmuebles, incluyendo sus mejoras, remodelaciones y/o cambios que hayan propiciado la plusvalía de los mismos”.
Consideró de suma importancia el aseguramiento, toda vez que el propietario puede ejercer actos de dominio (como venderlas, donarlas, arrendarlas y/o simular actos jurídicos) y las mismas se encuentran bajo investigación.
El funcionario precisó que el delito en mención, está contemplado en los artículos 272 y 273 del Código Penal del Estado, dentro del catálogo de “delitos por hechos de corrupción” que son materializados por servidores públicos, que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración del Estado y de la sociedad juarense, en este caso en particular.
Pidió que ante este acto nadie se equivoque, ni se confunda y que mucho menos cabe la victimización, pues esta diligencia obedece a un mandato judicial con «estricto apego a la ley».