De no ser revocada, la decisión del ministro Aguilar Morales causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes de Chihuahua al impedir que se distribuyan los libros de texto gratuitos
• Gobierno estatal tiene obligación legal de distribuir materiales que ya le fueron entregados por la SEP; es improcedente la resolución del ministro de suspender su distribución
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien ordenó dejar sin libros de texto, por tiempo indefinido, a los estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua, lo cual viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución. El artículo 3°. expresamente señala:
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
Precisamente, para garantizar el derecho a la educación básica de la infancia, el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua dispone:
Es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione.
Ante la improcedente solicitud de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al promover una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar porque el propio gobierno de Chihuahua confiesa que los libros de texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, debe distribuirlos.
Resulta lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia en México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores; lo anterior, al impedir que los estudiantes cuenten con los instrumentos educativos necesarios para su formación académica hasta que, en uno o dos años, la SCJN dicte la sentencia respectiva, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno.
Por la grave violación de los derechos fundamentales de los estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, la CJEF solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad.
En este sentido, también es responsabilidad de padres, madres de familia y tutores afectados por esta lamentable situación defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos, ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos, necesarios para el desarrollo educativo de la infancia del estado de Chihuahua.