El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Con la reforma, además, se acota que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no tendrán efectos de carácter general, como ocurrió con la controversia contra la reforma en materia eléctrica y que benefició a todas las empresas del sector.
Después de un debate de más de seis horas, el dictamen se aprobó con 22 votos en favor de Morena y sus aliados y 17 en contra de la oposición. La comisión entró a la revisión de 330 reservas, lo cual –según calculan los diputados- podría alargar la sesión hasta la madrugada del martes.
La mayoría legislativa insistió en que la reforma busca acabar con el nepotismo, la corrupción y el despilfarro en el PJF, y rechazaron que la iniciativa afecte los derechos de los trabajadores, quienes continúan en paro de actividades en protesta contra la iniciativa.
Para fundamentar la enmienda, en la tribuna del Salón Verde, el morenista Marco Rosendo Medina recordó que los ministros de la SCJN se opusieron a la Ley de Austeridad, para continuar con salarios más altos que el del Presidente de la República, y denunció “los derroches y excesos de Norma Piña (presidente de la Corte) y sus secuaces”.
La propuesta de reforma, admitió, “no es perfecta, pero toda reforma se perfecciona en su desarrollo. Prefiero que vayamos a una reforma que innova, a una acción inactiva (sic) frente al nepotismo. Prefiero que se equivoque al pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea la oligarquía la que siga mandando en el PJF”.
En respuesta, los diputados de oposición resaltaron la inaplicabilidad de la reforma en las urnas, lo que conduciría a una “crisis institucional”.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, ejemplificó que, en la Ciudad de México, en los comicios que prevé la reforma, los votantes tendrían que llenar 25 boletas con 4 mil 125 nombres para seleccionar, por la concurrencia de las votaciones para jueces y otros cargos de elección popular.
“Es imposible hacerlo materialmente, más allá de estar de acuerdo con el fondo. Además, la iniciativa se inmiscuye en los estados y viola el pacto federal, además de que permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y el crimen organizado”, alertó.