Chihuahua sanciona el daño físico, pero no el “secuestro de la voluntad”, advierte
Chihuahua. El diputado de morena Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado e incorporar el delito de “abuso coercitivo”, con el objetivo de sancionar a organizaciones que manipulan psicológicamente a sus integrantes.
El legislador alertó que, en la última década, han proliferado en la entidad agrupaciones que, bajo la fachada de “coaching” de vida, liderazgo extremo o comunidades espirituales, operan como estructuras coercitivas que anulan la voluntad individual con fines de explotación económica, laboral o incluso sexual.
“Las leyes actuales castigan el daño físico, pero ignoran el ‘secuestro de la voluntad’, lo que permite que líderes de estos grupos destruyan familias y patrimonios con total impunidad mientras no exista una agresión corporal que denunciar”, denunció Torres Estrada.
Como referencia, citó casos emblemáticos a nivel internacional como Jonestown (1978), la organización NXIVM —con operaciones en México— y los escándalos de abuso vinculados a La Luz del Mundo, ejemplos que evidencian el alcance y la gravedad de este tipo de estructuras.
El diputado subrayó que, en distintas partes del mundo, los gobiernos han comenzado a actuar frente a estas prácticas. Señaló que en países como Japón, Bélgica y los Países Bajos se han implementado medidas para sancionar dinámicas de control como el ostracismo o aislamiento social, utilizadas para impedir que los miembros abandonen estos grupos.
En Chihuahua, añadió, ya existen antecedentes preocupantes. Recordó la clausura del albergue “Unidas por Amor”, vinculado a mendicidad forzada, así como la operación de grupos de “sanación” en la Sierra Tarahumara que recurren a prácticas como la privación del sueño y la humillación sistemática.
Torres Estrada advirtió que algunos entornos religiosos se han convertido en terreno fértil para el control coercitivo, el cual se ejerce mediante aislamiento social, vigilancia constante, control económico, manipulación emocional e intimidación psicológica, incluso con el uso de herramientas tecnológicas para supervisar y restringir la conducta de las víctimas.
Si bien el Código Penal de Chihuahua contempla delitos como la violencia familiar o psicológica, el legislador explicó que estas figuras resultan insuficientes para atender el control coercitivo, debido a que este se configura como un patrón continuo de conductas que, analizadas de forma aislada, pueden parecer lícitas o socialmente aceptadas, lo que dificulta su persecución.
La iniciativa reconoce que este tipo de abuso impacta de manera diferenciada a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y quienes se encuentran en situación de dependencia.
Por ello, propone que a quien cometa el delito de abuso coercitivo se le imponga una pena de dos a seis años de prisión, así como una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones se incrementarían hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 60 años o una persona con discapacidad que limite su capacidad de resistencia o comprensión.
Finalmente, el legislador sostuvo que tipificar el abuso coercitivo como un delito autónomo permitirá a jueces y juezas evaluar estas conductas como un patrón integral y no como hechos aislados. “Se envía un mensaje claro: el Estado no tolerará la anulación de la libertad personal mediante el control y la dominación”, concluyó.