Las autoridades migratorias de Estados Unidos extendieron el sábado 7 de junio sus redadas en el corazón de Los Ángeles, tras numerosas protestas y una respuesta policial en la que se lanzaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
En las últimas 48 horas, agentes federales enmascarados y fuertemente armados han llevado a cabo detenciones masivas en Los Ángeles, una ciudad considerada «santuario» de migrantes.
El viernes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a más de 40 personas, mientras ejecutaban órdenes de registro en diferentes lugares, como el exterior de un almacén de ropa, donde se produjo un momento de tensión cuando una multitud intentó cerrar el paso a los agentes para evitar que se fueran.
Desde hace 48 horas, operativos masivos de detención de migrantes en Los Ángeles, en algunos casos vestidos de civil, provocaron escenas de tensión.
Videos en redes muestran a agentes armados, vestidos con uniformes militares de color caqui, enfrentándose a una multitud que protesta.
La ONG Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) exigió este sábado a las autoridades locales que cumplan con su «promesa» de mantener a Los Ángeles como ‘ciudad santuario’ (de protección de migrantes), después de las múltiples redadas del viernes.
«Los líderes municipales rompieron su promesa. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles ayudaron a los agentes federales a aterrorizar los barrios de Los Ángeles, impidiendo que la gente fuera a trabajar, compareciera ante el tribunal de inmigración o asistiera a las graduaciones de sus hijos», afirmó Andres Kwon, abogado y asesor principal de políticas de la Fundación ACLU del sur de California, en un comunicado.
Kwon, en nombre de esta organización no partidista y sin ánimo de lucro que defiende derechos y libertades civiles garantizados por la Constitución, calificó la actuación del ICE, que se saldó con aproximadamente 45 detenidos, como propia de «matones enmascarados que secuestran y encierran a angelinos en sótanos».
«Cuando la Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes y observadores legales, que ejercen sus derechos amparados en la Primera Enmienda, y cuando los líderes sindicales son brutalizados por atreverse a oponerse a una injusticia flagrante, preguntamos a nuestros líderes locales y estatales: ¿Dónde están? ¿Qué harán para acabar con esta locura?», continuó el abogado de ACLU.
Al menos tres grandes operativos migratorios -en los que hubo fuertes enfrentamientos con activistas y miembros de la comunidad que trataron de evitar las detenciones- fueron reportados el viernes 6 de junio por defensores de los inmigrantes en localidades eminentemente hispanas del centro de Los Ángeles.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), reportó en una conferencia de prensa que al menos 45 inmigrantes fueron detenidos. Pero el número podría crecer a medida que se conozcan más reportes.
A principios de abril, el activista propalestino Mohsen Mahdawi fue detenido por la Policía en una oficina a donde había acudido para una entrevista con vistas a su naturalización.
El operativo estuvo apoyado por agentes vestidos con uniformes camuflados y vehículos blindados, que utilizaron gases para dispersar a los manifestantes.
El FBI confirmó en un comunicado la participación de su personal en las redadas migratorias. También se observaron agentes portando identificaciones de la DEA.
Dos de las redadas se realizaron en negocios del Distrito de la Moda, donde se ejecutó el arresto de por lo menos dos docenas de trabajadores, según detallaron activistas que presionaban a los agentes para evitar el operativo.
Esta es la operación simultánea más grande ocurrida en Los Ángeles tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con una promesa de deportaciones masivas.
En las últimas semanas, la Administración republicana ha hecho varios cambios en ICE para presionar por más arrestos. El Ejecutivo estadounidense tiene como objetivo realizar al menos 3 mil arrestos al día, pero las detenciones de trabajadores que no suponen un riesgo a la comunidad han comenzado a generar gran rechazo.