La oposición no empezaba a festejar que habían bloqueado la Reforma Electoral, cuando ya se estaban aprobado las leyes secundarias (Plan B) en materia electoral…
México. Aunque la oposición en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) lograron tumbar y bloquear la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, no pasó ni un día, cuando se estaba aprobado el Plan B, donde algunos de los puntos de la reforma, lograron aprobarse.
Se aprobó, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 267 votos en pro, 221 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En lo particular, el proyecto se aprobó con 267 votos a favor, 215 en contra y ninguna abstención, con una modificación aceptada por la Asamblea para agregar un inciso K al artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social, para que los entes públicos en la materia observen el principio de interculturalidad.
En votación separada, el Pleno también avaló en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 267 votos en pro, 219 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
¿Cuáles serán los cambios?
La iniciativa trastoca cinco leyes secundarias en materia electoral y más de 300 artículos dentro de ellas, además de que introduce una nueva regulación: la Ley General de los Medios de Impugnación.
De acuerdo con cálculos del Gobierno, la reforma logra un ahorro presupuestal de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos (177,4 millones de dólares), si bien la propuesta constitucional original hubiese salvado hasta 15 mil millones de pesos (760,4 millones de dólares).
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma ahora debe ser discutida en el Senado, que deberá aprobarla para poder entrar en vigor.
Se logró reducir gastos y privilegios para la burocracia dorada del INE, generará ahorros
Entre los puntos importantes del ‘plan B’ se establece que el INE y el TEPJF deben realizar una revisión a los salarios de sus funcionarios, para asegurar que nadie gane más que el presidente, como establece el artículo 127 de la Constitución.
En este sentido, la reforma elimina los seguros de gastos médicos mayores concedidos a los servidores de ambos organismos e insta a que todos los trabajadores en el régimen de ‘confianza’ e ‘inscritos’ se unan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
A la par, la iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE, que «han sido creados al margen de la ley», como el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos, así como el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.
El proyecto modifica el calendario electoral, recortando el período inicial de selección y capacitación de los ciudadanos que integrarán las mesas y casillas de elección de 54 a 26 días, aproximadamente .
En tanto que, transfiere las facultades financieras de la Junta General Ejecutiva del INE a una nueva Comisión de Administración, cuyos cinco consejeros se encargarán de la gestión presupuestaria y del seguimiento del gasto del instituto.
También se propone eliminar la Secretaria Ejecutiva del INE, encargada de representar legalmente al instituto y de administrarlo, la cual pasaría a ser auxiliar del Consejo General.
Además, se sugiere recortar el número de oficinas delegacionales del INE de 300 a 260 y cambiar su estatus de permanente a temporal. Asimismo, se crea el Sistema Nacional Electoral (SNE) que integra algunas atribuciones el INE con las de los Órganos Públicos Locales (OPLs).
En otros temas, la iniciativa plantea reformas al sistema de conteo de votos, al establecer la unificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo electoral, cuyo recuento deberá comenzar el mismo domingo de la jornada electoral y transmitirse en tiempo real.
Se aprobaron candados para que no se lucre con el voto de los ciudadanos…
Para evitar la compra de votos y garantizar la legitimidad de los procesos electorales, la propuesta establece que ningún partido, coalición, aspirante o candidato podrá promover su imagen o/y propuestas mediante la entrega o promesas de dádivas en efectivo, crédito o especie y que, de hacerlo, podrán ser denunciados e investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Asimismo, la iniciativa prevé la suspensión inmediata de las campañas que promuevan la violencia hacia las mujeres, en tanto que establece que podrá ser sancionado cualquier partido o candidato que difunda propaganda política o electoral que calumnie a personas, partidos políticos o a gobiernos emanados de éstos.
El proyecto señala que ninguna persona podrá ser registrada como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, así como tampoco podrá competir de manera simultánea a cargos federales, municipales y distritales.
Con miras de regular el proceso de reelección de senadores y diputados, la iniciativa también contempla que los legisladores que busquen renovar su mandato se separen de su cargo como máximo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales, con el fin de que su candidatura no afecte sus responsabilidades en el Congreso.
El ‘plan B’ además sugiere que las elecciones puedan cancelarse si han habido violaciones a la fracción IV del artículo 41 constitucional, que establece los tiempos de campaña electoral.
Para reforzar la equidad de género, se establece la obligación de partidos políticos y coaliciones de postular en paridad de 50% a hombres y mujeres para integrar cargos en órganos colegiados y también en candidaturas uninominales.
Mientras que se prohíbe a los partidos aliados transferir o distribuir votos en cualquier escenario, lo que a la fecha le permite mantener el registro a partidos pequeños en coalición.
Otros beneficios a los ciudadanos…
El proyecto propone cambios en la realización de comicios desde el extranjero, al introducir el voto por internet, que podrá ser llevado a cabo a través de una aplicación que será implementada días antes de las elecciones.
Asimismo se establece que los ciudadanos radicados en el exterior podrán ejercer su voto ya no sólo presentando su credencial para votar, sino también su pasaporte o matrícula consular vigente, cualquiera de estos documentos que tengan a la mano y que sean avalados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, el ‘plan B’ propone otorgar el derecho efectivo de voto a las personas en prisión preventiva y garantizar el sufragio de las personas con discapacidad en estado de postración.
La propuesta también otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar la cancelación inmediata de su registro a un partido político, si descubren que han sido afiliados sin su consentimiento.
Para actualizar y modernizar el sistema de justicia, la propuesta introduce cambios a los medios de impugnación, reduciendo su número de siete a cuatro, además de que crea la Sección Resolutora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A la par, la iniciativa recomienda eliminar dos salas regionales que nunca entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas responsabilidades serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
En este mismo sentido, se introduce el juicio en línea a través del Sistema de Juicio en Línea en Materia Electoral, mientras que se establece que el TEPJF no podrá intervenir en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia ni designar directa o indirectamente a dirigentes partidistas.
Además, la reforma plantea que los consejos locales podrán realizar el recuento de votos cuando la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. Esta disposición remorara la diferencia de votos alcanzada entre Felipe Calderón y López Obrador, cuando este último perdió la presidencia en 2006 por una diferencia de 0,58 %. Con información de la Cámara de Diputados y RT.