El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó una ley para suprimir el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev, jactándose de ser un líder que lucha contra la corrupción y combate a las tropas rusas al mismo tiempo. Sin embargo, antes de tomar su decisión, en Estados Unidos el tribunal ya estaba en una lista negra.
«La historia de las reformas continúa. Incluso en tiempos de guerra», dijo Zelenski tras anunciar el fin de este tribunal presidido por Pavlo Vovk, un juez al que la Casa Blanca ya tenía en la mira hace tiempo.
Y es que cinco días antes de que el presidente ucraniano diera a conocer el fin del organismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos había publicado una lista de las personas y organizaciones sancionadas titulada Combating Global Corruption and Human Rights Abuses. En ese documento figura, entre muchos otros, el nombre de Pavlo Vovk.
El país norteamericano acusa al juez ucraniano de «solicitar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales y otros procesos públicos». Las sanciones no solo lo castigan a él, sino a dos familiares directos suyos.Vovk era el presidente del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev, un órgano que, desde abril 2021, ya deseaba liquidar el Gobierno de Zelenski mediante un proceso parlamentario que había sido bloqueado por meses. El diario The Kyiv Independentdefine a Vovk como «el juez más escandaloso de Ucrania».
La Administración Biden no ha explicado nada más sobre por qué sancionó a este juez, a quien la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania vinculó a proceso el 17 de junio pasado, acusado de diversos delitos asociados con corrupción. También fueron señalados otros cuatro jueces del mismo tribunal, dos personas cercanas a él y cuatro funcionarios.Pavlo Vovk fue designado presidente del Tribunal por el exmandatario ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), quien sufrió un golpe de Estado hace ocho años tras la serie de movimientos conocidos como el Euromaidán, respaldado por potencias occidentales. En ese tiempo, el Tribunal insistió en la ilegalidad de la oposición a Yanukóvich, quien era líder del Partido de las Regiones, de carácter prorruso y disuelto en 2016. En los años siguientes comenzaría el ascenso de diversas fuerzas políticas ultranacionalistas que fomentaron los discursos antirrusos que colocaban al Kremlin como el enemigo público de Ucrania.
Los países occidentales «quieren poner a Rusia como el gran agresor de este conflicto en Ucrania, cuando en realidad todo comenzó con esa expansión grosera, atrevida y agresiva de Occidente al provocar la remoción de Víktor Yanukóvich en 2014, imponer la llegada del pillo Petró Poroshenko y terminar con el actor Zelenski en el poder», explicó a Sputnik el politólogo Alejandro Salgó Valencia, especialista en conflicto de Oriente Medio y Europa del Este de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de diversas publicaciones en el Colegio de México, uno de los institutos académicos más reconocidos de América Latina.
El 29 de enero de 2016, un grupo de miembros del Batallón Azov —grupo paramilitar prohibido por Rusia y de ideología neonazi y ultraderechista— irrumpió en la oficina de Kiev del movimiento Ukrainian Choice, una ONG prorrusa.»Los nacionalistas interrumpieron la reunión que se estaba celebrando en la oficina, tras declarar que Ukrainian Choice no tenía derecho moral a discutir cuestiones del Euromaidán. La policía no solo no detuvo a los atacantes, sino que también apoyó sus acciones.
El asesor del ministro del Interior, Zoryan Shkiryak, en el canal de televisión canal de televisión 112, dijo que ‘apoya absolutamente la iniciativa de los activistas públicos y patriotas'», se detalla en un documento de derechos humanos en poder de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).En los meses siguientes, las agresiones de los ultranacionalistas contra esa organización continuaron: bombas de humo, amenazas y pintas con símbolos nazis en el edificio. Detrás de todo esto también estaba el partido ultraconservador Sbovoda, que ha sido criticado por sus ideas, incluso, antisemitas.
El recién extinto Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev no solo fue un aparato gubernamental envuelto en escándalos y embrollos: también fue la autoridad que prohibió en varias ocasiones la propagación de símbolos y comportamientos nazis y neonazis en Ucrania. En junio de 2019, ordenó al ayuntamiento de la capital ucraniana a cambiar el nombre de dos importantes calles de Kiev, las cuales desde 2016 ostentaban el nombre de dos militares ucranianos acusados de haber colaborado con los nazis de Adolf Hitler: Stepan Bandera y Roman Shukhevych.Bandera y Shukhevych fueron líderes de grupos ultranacionalistas ucranianos de la primera mitad del siglo XX, como la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que posteriormente formó su brazo armado durante la Segunda Guerra Mundial: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).
Shukhevych fue uno de los organizadores de la masacre de polacos en Volinia (hoy en suelo ucraniano), una limpieza étnica ejecutada entre 1943 y 1944. Actualmente, ambos personajes son considerados héroes patrios por el Gobierno de Ucrania.
El tribunal ahora desaparecido por Zelenski también fue defensor de las leyes de descomunización que entraron en vigor en el país en mayo de 2015. En estas legislaciones se establece como delito exhibir símbolos comunistas o nazis, con penas de hasta 10 años de cárcel.