Los diputados del PAN el interior del Congreso del Estado, ha recibido la instrucción de comenzar la persecución del ex gobernador, también panista.
Chihuahua. Luego de una guerra de lodo que surge desde el palacio de gobierno en contra del ex gobernador panista Javier Corral, desde que Eugenia Campos asumió la gubernatura, ha llegado el momento de otro distractor cargado de veneno, para mover un poco los reflectores del tema Duarte, el duartismo en el poder ha lanzado el proceso contra Javier Corral.
Justo o no, este juicio surge de los intereses políticos del duartismo que encabeza la gobernadora.
Es así como en la comisión jurisdiccional del congreso del estado, presidida por un panista, se aprobó el juicio en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado.
Aunque el proceso inicial es de un ciudadano, el abogado Gerardo Cortinas Murra, que cada legislatura actúa y cobra para el mejor postor, el panismo utilizó esto para dar inicio al proceso, así de abierto a las denuncias ciudadanas.
El diputado de Morena Óscar Avitia Arellanes, integrante de la comisión, expuso que inicialmente se solicitó al Gobierno del Estado las copias certificadas de los documentos que pretenden ofrecer como pruebas, se trata del tema de austeridad que Corral prometió pero que no cumplió. Según el gobierno estatal, no cuenta con esta información, sin embargo el diputado del PAN Gabriel García Cantú, solicitó nuevamente los documentos.
Morena calificó esto como una flagrante violación a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, debido a que el diputado panista informó a los integrantes de la comisión que solicitó, a título personal, los mismos documentos probatorios a la Secretaría de Hacienda y pidió un mes de plazo para que le sea entregada.
La bancada de Morena manifestó que esta disposición debe ser tomada por el órgano colegiado, que es la Comisión, no por un legislador, apegados a los principios de debido proceso, legalidad y salvaguardado los derechos humanos del denunciado.
Además, al solicitar el diputado García Cantú un término de 30 días para la recepción de estos medios probatorios, deja en inequidad de circunstancias al ex gobernador, puesto que él solamente tendría un tercio de este tiempo para ofrecer pruebas a su favor, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Por lo cual, es violatorio de los derechos fundamentales del denunciado.
Morena se manifestó a favor de la correcta aplicación de la Ley, de los procesos legítimos, debidamente fundamentados y motivados, pero no de aquellos iniciados por revanchas políticas, desapegados de la norma fundamental sino en apego a estricto derecho.