La gobernadora impone unos «cuadernillos», sin consulta alguna, sin los maestros, sin los padres de familia y a dos semanas de inicio del ciclo escolar.
Chihuahua. Aunque el Gobierno del Estado de Chihuahua, asegura que realizó una revisión de los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, en donde encontraron errores e incluso, «ideología comunista», sin haber presentado pruebas, de un trabajo de las autoridades educativas federales y del magisterio, casi por dos años, Eugenia Campos busca remplazar estos materiales por unos impuestos por su propia voluntad, se trata de unos «cuadernillos», con contenidos desconocidos, así como de autores desconocidos, y con un precio también que no se sabe, ni la imprenta, ni la eleboración.
En las protestas y manifestaciones que madres y padres de familia han realizado en las últimas dos semanas en la capital del estado, así como otros municipios, se rechaza la imposición de estos materiales desconocidos, e ingresados a las aulas públicas, sin autorización educativa alguna.
Sin embargo, para los defensores de la educación pública, que no tienen eco en los medios de comunicación, han tomado las redes sociales como su principal plataforma para expresarse, donde han comenzado a manifestar, no solo su inconformidad con estos «cuadernillos», sino con el costo público que tendrán, así como las personas que participaron en su elaboración y distribución.
En redes sociales, principalmente en Facebook, comenzó a circular una consigna, donde exigen a la gobernadora informe quiénes realizaron el trabajo educativo en ese material apócrifo que se introducirá de manera ilegal en las escuelas públicas, así como el costo de este trabajo, la elaboración, su impresión y distribución en las escuelas públicas, educación básica y secundaria del todo el estado.
Además, madres y padres de familia se cuestionan, la calidad educativa y pedagógica de estos materiales desconocidos, que se realizaron en menos de dos semanas, cuando se está descalificando un trabajo de expertos y maestros, así como de autoridades educativas federales, de casi dos años de elaboración.
Se trata de una violación directa al artículo tercero constitucional, respecto al acceso a la educación pública, donde la prohibición de la distribución de los Libros de Texto Gratuito, limita este mismo derecho, así como a la Ley General de Educación en su artículo 113, que establece que la autoridad educativa federal es exclusiva para:
I.Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional;
II.Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los términos del artículo 23 de esta Ley;
También elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;
V.Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria.
VI.Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica.