El país vive la duodécima jornada de protestas contra la reforma de pensiones. Las manifestaciones tienen lugar un día antes de la resolución del Consejo Constitucional sobre la validez del proyecto de ley y sobre si acepta o no un referendo de la ciudadanía que podría derogarla.
Inició en Francia la duodécima jornada de protestas contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, que planea subir la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
Un día antes de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la reforma, los sindicatos llaman a hacer una demostración de fuerza en las calles. Sin servicio de recogida de basura en París, huelgas en las refinerías y con bloqueos del tráfico fluvial en el río Rin, los manifestantes recordaron al mandatario y a la primera ministra, Elisabeth Borne, que una gran mayoría de los franceses se opone a la medida.
«Este no es el último día de huelga. Macron debe retirar esta ley, o no podrá gobernar el país», apuntó Sophie Binet, la nueva líder del sindicato CGT, en medio de las manifestaciones a las afueras de París.
Ahora, el siguiente objetivo en la lucha sindical es intentar que el Consejo Constitucional bloquee la reforma alegando falta de constitucionalidad. Pero los expertos opinan que este es un escenario improbable.
«Todo el mundo debe aceptar la decisión del Consejo Constitucional»
Si el Consejo da su visto bueno, el Gobierno podrá a promulgar la ley -puede que con algunas modificaciones-. De ser así, el Ejecutivo espera que la decisión del tribunal acabe con las protestas y con el declive de la ya dañada imagen del presidente Macron.
“Todo el mundo debe aceptar la decisión del Consejo Constitucional”, apuntó Olivier Véran, portavoz del Gobierno, durante su intervención pública este jueves, en una clara alusión a los manifestantes.
A pesar de que en las últimas semanas Macron ha rechazado reunirse con los líderes sindicales, ha asegurado que organizará un encuentro con estos tras la decisión del Consejo para empezar a trabajar en otras propuestas, una iniciativa “insuficiente”, según la CGT. Y es que, para las organizaciones de trabajadores, sin la retirada de la reforma de pensiones sobre la mesa, “no hay nada de qué hablar”.
«Los trabajadores de las incineradoras, los basureros, están en huelga hasta nuevo aviso, hasta la retirada de la reforma de las pensiones», sostuvo el sindicalista de CGT Loic Gefrotin, en los piquetes de otra planta de tratamiento de basura en la región de París, en Issy-les-Moulineaux.
No obstante, pese al descontento, la fuerza de las manifestaciones ha mermado con el paso del tiempo desde el pasado enero. Para este jueves, las autoridades esperan que entre 400.000 y 600.000 personas salgan a las calles en todo el país, una cifra significativamente inferior a los casi 1,3 millones que protestaron en el punto álgido de las movilizaciones en marzo, tras la ira desencadenada por la aplicación el 49.3, con la que el Gobierno aprobó la ley sin el apoyo del Parlamento.