“La salud no tiene que ver con ideologías, sino con derechos humanos”, por eso el gobierno federal ha tomado la decisión de traer médicos, en principio, de Cuba, “y si hay que traerlos de Estados Unidos, de Rusia, de Japón o de Francia los vamos a tener aquí”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la supervisión de los avances del Programa Salud para el Bienestar desde el hospital IMSS-Bienestar de este municipio, que fue encabezada por el mandatario federal, autoridades de salud de la región informaron que ya están en Nayarit los primeros 60 galenos cubanos parte del acuerdo de los gobiernos de México y Cuba, y que el lunes iniciarán ya labores. En el caso de Rosamorada serán 12 los especialistas provenientes de la isla que se sumen a los trabajos en beneficio de la población. Inclusive, los cubanos estuvieron presentes en el acto.

Desde aquí, López Obrador indicó que el compromiso de su administración es llevar salud de calidad y gratuita a todos los rincones del país, en particular para las personas más vulnerables que no cuentan con seguridad social.

“Desde el principio dijimos ese es el reto: ¿cómo levantamos el sistema de salud que está por los suelos? Lo que había era una gran simulación”, planteó ante decenas de habitantes y trabajadores de la salud del estado, entre quienes se encontraban empleados del sector que dijeron haber sido despedidos y que protestaron ante el Presidente en el mismo espacio donde se desarrolló el acto.

Cuando el titular del Ejecutivo habló de la contratación de médicos extranjeros, quienes protestaban alzaron sus voces para hacer patente su inconformidad. A lo que el Presidente atajó:

“Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud y vamos a mejorar el servicio. Los que fueron despedidos injustificadamente serán reinstalados. Sólo les digo una cosa: se tiene que revisar qué hacen, porque no queremos gente que cobre sin trabajar. No deben de preocuparse los que están trabajando, tienen su derecho a salvo”, tras esa aseveración se dio un espontáneo y elevado aplauso entre la mayoría de los presentes, mientras que quienes se manifestaban bajaron sus pancartas y terminaron las protestas.

El Presidente subrayó que la decisión de traer doctores de otras naciones es sólo suya y se la dio a sus colaboradores “sabiendo como iban a responder los adversarios, los conservadores”.

Fue una determinación que se basó en que la salud es un derecho, no un tópico de ideologías. “Lo importante es que tengamos todos los médicos”.

Agregó: “No tenemos médicos suficientes, lo más urgente no tenemos especialistas. Conseguir pediatras para venir a trabajar a Rosamorada, a cualquier pueblo, municipio, es muy difícil, porque con razón los médicos buscan estar en las ciudades para que sus hijos puedan tener acceso a las escuelas, a mejores condiciones de vida, y es muy difícil que los especialistas puedan ir a trabajar a las comunidades más apartadas”.

Por eso, indicó, desde el inicio de su sexenio se proyectó mejorar el sistema de salud para quienes no tienen seguridad social, pero la pandemia de covid hizo que las baterías del sector se enfocaran en la atención ante la emergencia.

“Eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni era popular. Se enviaba dinero a los gobiernos estatales y se usaba ese presupuesto con otros fines, o se lo robaban. ¿Saben cuánto compraba el gobierno en medicinas? 100 mil millones de pesos, sólo a diez empresas distribuidoras, y tres de ellas vendían 65 mil millones al año al gobierno. ¿Y quiénes eran los dueños de esas empresas distribuidoras, porque no era ni laboratorios? Puro político corrupto. Por eso nos ha costado cumplir con el compromiso de que tengamos un sistema de salud de calidad, universal, es decir que se garantice lo que establece, y está convertido en letra muerta, el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud”.

El Presidente abandonó el lugar entre vítores y decenas que se acercaron en al camioneta en la que viaja para saludarlo o pedirle la atención a algún caso particular. Continúa el resto del día su visita al estado. La Jornada.

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