La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habría permitido que miles de dosis de fentanilo permanecieran en manos de redes de narcotráfico en Nuevo México como parte de una estrategia para reunir evidencia y construir casos penales contra los responsables, de acuerdo con una investigación de The Associated Press (AP).
La práctica, conocida como fentanyl walking o «permitir el tránsito de fentanilo», habría estado vigente entre 2023 y 2025 y consistía en que agentes de la DEA vigilaran determinados cargamentos de la droga sin intervenir inmediatamente para incautarlos.
En al menos uno de los operativos, realizado en Albuquerque en junio de 2023, los agentes habrían permitido que traficantes distribuyeran alrededor de 74 mil pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles.
De acuerdo con testimonios de dos ex agentes de la DEA citados por AP, los investigadores habían rastreado las comunicaciones de la organización criminal y estaban preparados para intervenir, pero optaron por continuar con la vigilancia y recopilar evidencia.
«Lo único que hicimos fue quedarnos de brazos cruzados y observar», declaró David Howell, un ex agente de la DEA que en 2023 presentó una denuncia en la que documentó las presuntas irregularidades.
La misma organización habría realizado días antes otra entrega de fentanilo, oculto en una llanta de repuesto, sin que los agentes intervinieran.
Congreso y fiscal exigen respuestas
Las revelaciones provocaron llamados para investigar las prácticas de la agencia. El congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, exigió al Departamento de Justicia y a la DEA entregar expedientes, comunicaciones internas y otros documentos relacionados con la política.
Comer cuestionó que los agentes hubieran recibido instrucciones que les impidieran incautar grandes cargamentos de fentanilo y advirtió que una práctica de este tipo pudo haber provocado daños y pérdida de vidas.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, también solicitó información sobre las investigaciones y sus posibles consecuencias para la salud pública en el estado.
«El fentanilo está devastando a familias en todo Nuevo México y merecemos saber la verdad sobre la práctica de la DEA de permitir que ese veneno llegue a nuestras comunidades», afirmó Torrez.
El funcionario presentó además una demanda ante una corte federal en Albuquerque para obligar al Departamento de Justicia y a la DEA a entregar información relacionada con la práctica. Según Torrez, las autoridades federales se han negado a cooperar con sus solicitudes.
El objetivo, explicó, es determinar quiénes fueron responsables de las decisiones y establecer si hubo consecuencias para las comunidades afectadas.
La DEA rechaza las acusaciones
La DEA negó que sus agentes hayan permitido deliberadamente que el fentanilo llegara a las calles.
La portavoz de la agencia, Amanda Wozniak, aseguró que las decisiones tomadas durante las investigaciones fueron «legales», «razonables» y estuvieron en línea con las directrices del gobierno estadounidense.
Las descripciones que señalan que la DEA permitió deliberadamente que el fentanilo llegara a las comunidades son «falsas» y tergiversan los hechos, sostuvo la funcionaria en una declaración citada por AP.
Sin embargo, uno de los ex supervisores de la agencia consultados por la agencia de noticias afirmó que durante una investigación realizada en 2025, que se extendió por varios estados, agentes habrían permitido que «millones» de pastillas de fentanilo fueran distribuidas.
Por ahora, no existe información que permita determinar cuántas de las dosis que no fueron incautadas terminaron en las calles de Nuevo México o si alguna estuvo relacionada directamente con sobredosis mortales.
El caso ha generado comparaciones con el polémico operativo Rápido y Furioso, implementado durante el gobierno de Barack Obama, en el que autoridades estadounidenses permitieron el tráfico de armas para rastrear a organizaciones criminales, pero posteriormente perdieron el control sobre buena parte del armamento.
La controversia surge además en un contexto de preocupación por el combate al fentanilo en Estados Unidos. Mientras las autoridades investigan la actuación de la DEA en Nuevo México, legisladores y funcionarios estatales exigen conocer el alcance de la estrategia y sus posibles consecuencias para la población. SPR.