Agentes de la CIA en Chihuahua eran boinas verdes, especialistas antiterroristas y con misiones en Afganistán
México. Mientras el impacto político para el gobierno de Eugenia Campos y el PAN en Chihuahua llegan a su peor momento de crisis, el fondo del tema comienza a vislumbrar un trasfondo más oscuro y peligroso, respecto a la operación que realizaba la CIA en conjunto con autoridades del gobierno de Maru Campos en la Sierra Tarahumara, tras revelarse que los dos agentes que perdieron la vida, eran expertos en «contraterrorismo y guerra no convencional».
La investigación sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua exhibe la gravedad de las operaciones realizadas sin autorización del Gobierno de México durante la administración de la panista Maru Campos.
Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, quienes murieron en una volcadura el 19 de abril de 2026, no eran simples instructores de drones: de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), participaron armados en un despliegue contra presuntos laboratorios de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.
La documentación expuesta durante la audiencia contra el exfiscal César Jáuregui Moreno apunta a que la presencia de Johnston en Chihuahua se remontaba a octubre de 2025, meses antes del operativo que terminó con la muerte de cuatro personas. Los registros también consignan un regreso entre el 21 y el 31 de enero de 2026, así como una reservación del 14 al 20 de abril, periodo en el que se desarrolló la intervención en la comunidad de El Pinal.
Los movimientos de los estadounidenses también quedaron registrados mediante contratos de renta de vehículos y datos de geolocalización. Un informe elaborado el 15 de mayo identificó estancias prolongadas de los automóviles utilizados por Johnston en las inmediaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, particularmente cerca de la Oficina de Operaciones Estratégicas del C4. Estos registros, según la investigación ministerial, apuntan a una relación directa con instalaciones de seguridad del estado.
La gravedad del caso radica en que los agentes habrían participado armados en territorio mexicano sin autorización federal, en un operativo coordinado con funcionarios estatales. De acuerdo con testimonios citados en las investigaciones periodísticas, los extranjeros habrían recibido armas largas antes de trasladarse a la Sierra Tarahumara, donde participaron en acciones contra instalaciones presuntamente dedicadas a la producción de drogas sintéticas.
Las trayectorias de ambos estadounidenses también contradicen la versión de que únicamente impartían capacitación. Johnston había pertenecido a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, y participado en misiones en Afganistán y Filipinas. Black había servido en el Cuerpo de Marines y también tenía antecedentes de despliegue en Afganistán. Ambos contaban con experiencia militar antes de su presencia en Chihuahua.
El 19 de abril, al regresar del operativo, una camioneta cayó a un barranco cerca de la comunidad de Polanco y se incendió. En el vehículo viajaban Johnston, Black, el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. Los cuatro murieron en el accidente, que terminó por destapar una operación que puso en entredicho los controles sobre la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad dentro de México.
La investigación federal también ha puesto bajo escrutinio las explicaciones iniciales de las autoridades estatales, que presentaron a los estadounidenses como instructores vinculados con la Embajada de Estados Unidos. Reportes periodísticos sobre las declaraciones ministeriales señalan que un testigo aseguró haber recibido instrucciones para ocultar la presencia de personal de la CIA después del accidente. Estas afirmaciones forman parte de los elementos que deben esclarecer las autoridades.
El caso alcanza directamente al gobierno de Maru Campos por las actuaciones de sus funcionarios de seguridad y por las versiones ofrecidas sobre la presencia de los estadounidenses. La investigación deberá determinar quién autorizó su participación, qué información conocían los mandos estatales y si existieron instrucciones para encubrir los hechos.
La soberanía nacional no puede quedar subordinada a acuerdos opacos ni a operaciones de agencias extranjeras al margen de la autorización del Estado mexicano. La presencia de agentes armados, los registros de sus desplazamientos y las contradicciones sobre su función exigen esclarecer las responsabilidades políticas y legales dentro del gobierno de Chihuahua, sin anticipar culpabilidades que deberán acreditarse ante los tribunales.