Chihuahua. La gobernadora panista María Eugenia Campos Galván se encuentra, de nueva cuenta en el ojo del huracán mediático y político, incluso judicial, luego que fueran exhibidos cómo el gobierno de Chihuahua mantiene acuerdos no conocidos con autoridades de Estados Unidos y agencias de espionaje y desestabilización institucional como la CIA, operando en territorio chihuahuense.
Desde el fin de semana que se dio a conocer del «accidente» que habrían sufrido activos de la Agencia Estatal de investigación de Chihuahua, a cargo de la fiscalía de Chihuahua, encabezada por César Jauregui Moreno, aspirante a la candidatura del PAN por la ciudad de Chihuahua y uno de los más cercanos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, las cosas se han agravado entre más se le rasca al tema y que encendió las alarmas a nivel nacional.
Morena busca comparecencia en el Senado de la gobernadora Eugenia Campos, y el fiscal estatal César Jáuregui para que expliquen la presencia y muerte de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la sierra Tarahumara. El caso expone contradicciones graves de las autoridades chihuahuenses y abre un debate sobre posibles violaciones a la soberanía nacional.
El 19 de abril, un accidente vehicular en la carretera del municipio de Morelos cobró la vida de cuatro personas: dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses identificados por The Washington Post y The New York Times como agentes de la CIA. El hecho ocurrió durante un operativo para desmantelar seis laboratorios de drogas sintéticas presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.
Lo que agravó el caso no fue el accidente, sino la respuesta por parte de las autoridades estatales. El fiscal Jáuregui primero descartó toda participación extranjera en el operativo; luego admitió que instructores estadounidenses sí estaban en la zona, pero los justificó con “otros fines”, como el manejo de drones.
El caso ha desatado toda clase de rumores y supuestos, luego que el fiscal Jauregui saliera a decir que los agentes fueron trasladados debido a que la caravana de las autoridades estatales se «los toparon» en la madrugada, en plena sierra, y les pidieron «un aventón»; los oficiales ahora identificados como de la CIA, estaban uniformados como la agencia de investigación de Chihuahua, lo que rompe con toda ley sobre la intromisión directa de agentes extranjera en territorio nacional, se vulnera la soberanía y es ley constitucional.
En este escándalo, la gobernadora de Chihuahua solicitó una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo está fue dirigida con el encargado de la seguridad nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que en la presente administración, no han participado agentes de Estados Unidos u otros países en operaciones de seguridad en territorio mexicano, y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional no tuvo conocimiento de la presunta intervención de dos supuestos elementos de la CIA en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua.
“Aún cuando hay intercambio de información con las agencias estadunidenses pues nunca han participado en una acción de gabinete de seguridad federal en campo. Entonces, lo que tenemos conocimiento, es lo que he comentado, fiscal general de Chihuahua, que salió a conferencia, mencionar que no habían participado en un operativo”, dijo una conferencia de prensa desde la SSPC.
Harfuch dejó claro que la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía conocimiento de que elementos de la CIA estaban participando en el operativo, por lo que explicó que la participación de la Defensa en el operativo de seguridad de la semana pasada en Chihuahua fue a solicitud de la fiscalía local.
“No hay un solo día que no emitan un oficio o una solicitud para un acompañamiento de Guardia Nacional del ejército, de Marina, principalmente, incluyendo por supuesto a la fiscalía General de la República, que ahí es diferente porque son operaciones en conjunto por ser parte del gabinete de seguridad.
En Chihuahua, la mayoría de los medios han minimizado esta información debido a la gravedad que representa para el gobierno de Eugenia Campos, las consecuencias jurídicas, políticas y electorales, debido a que el fiscal César Jauregui Moreno es uno de los principales aspirantes del PAN a la alcadía de Chihuahua, así como uno de los personajes más cercanos a la gobernadora.