Las autoridades de la capital ucraniana precisaron que las liturgias se celebrarán en línea y argumentaron su decisión, acogiéndose a la ley marcial y el toque de queda vigentes.
El Gobierno de Kiev anunció este martes que las iglesias de la capital no podrán acoger misas con motivo de la Pascua ortodoxa, que este año se celebra el 16 de abril.
Cabe destacar que el 60% de la población ucraniana es cristiana ortodoxa, sin embargo esta religión está apegada a la cultura rusa.
Desde la Administración capitalina explicaron que los servicios religiosos en los templos se celebrarán en línea, y argumentaron su decisión acogiéndose a la ley marcial y el toque de queda vigentes.
«La ciudad también ha pedido a los líderes de las comunidades religiosas que limiten el número de oficios masivos y garanticen las retransmisiones en línea desde los edificios religiosos en los canales de televisión ucranianos y en Internet», agregaron.
Las instrucciones de las autoridades de Kiev llegan en medio de la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana (UPTs, por sus siglas en ruso) por parte del Gobierno del presidente Vladímir Zelenski, que se traduce en intentos de desalojo del clero del Monasterio de las Cuevas de Kiev, tomas de catedrales a manos de los partidarios de la cismática Iglesia ortodoxa de Ucrania (PTsU), así como registros y acusaciones por supuesta actividad prorrusa.
Paralelamente, las actividades de la UPTs ya han sido prohibidas en varios territorios del país. Este mismo martes, los diputados del Parlamento de la provincia de Volinia tomaron una decisión al respecto y recomendaron a los órganos ejecutivos romper los contratos de arrendamiento en aquellos lugares, donde se ubican las iglesias de la rama canónica, recoge la prensa local. Las autoridades de las regiones de Rovno y Jmelnitskiy adoptaron resoluciones similares.
A finales de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe en el que destacaba su preocupación por la posibilidad de que las actividades del Estado dirigidas contra la UPTs «pudieran ser discriminatorias».