Chihuahua. La polémica nacional desatada por el descubrimiento de una operación encubierta por parte de la CIA en conjunto con una operativo en la sierra Tarahumara de autoridades de Chihuahua, ha desencadenado una crisis política, jurídica y mediática para el gobierno de María Eugenia Campos Galván, que contrario a subsanar el error o la responsabilidad, pareciera que se esfuerza en empantanar más el problema.
Vuelven a cambiar la versión.
La tarde del lunes en rueda de prensa, Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada en el caso y que la misma gobernadora ordenó crear, realizó una serie de declaraciones que más que aclarar el tema, sumó más cuestionamientos debido a contradicciones que merecen ser analizadas e investigadas por las autoridades federales.
Se dijo que los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, y que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y agentes de la CIA, así como dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), indicó que el caso podría tratarse de una colaboración extraoficial, en donde no se tenía conocimiento de que estos agentes trabajaban para la agencia estadounidense.
En una intervención del fiscal general César Jáuregui, en donde ya había cambiado la versión por primera vez, informó de manera pública que esos dos agentes extranjeros no había sido parte del operativo en el laboratorio, posiblemente intentando separar la responsabilidad de la autoridad estatal, sin embargo lo que dijo pudo ser mucho peor.
De acuerdo al fiscal, en el regreso de la caravana del operativo, casualmente se habían topado con estos agentes de la CIA, a las dos de la mañana en plena sierra, por lo que solicitaron que los trasladaran a la ciudad de Chihuahua para no perder un vuelo, osea que les dieron un «rait», luego sucedería el «accidente» en el que caerían en un barranco y perderían la vida.
En esta ocasión, casi una semana después, la encargada de la unidad de investigación Wendy Chávez dijo que estos agentes no había participado en el operativo, reafirmando la primera versión de cambio de Jáuregui, sin embargo también dijo que «su participación se mantuvo limitada y sin interacción directa operativa, afirmando que efectivamente sí habían participado.
También dijo que nunca se tuvo conocimiento de que estos agentes eran de la CIA, debido a que no portaban insignias, como si los agentes de la CIA estuvieran uniformados, que no portaban armas y que duramente todo el tiempo estos se mantuvieron con el rostro cubierto, osea que estos habían sido levantados en la madrugada, en la sierra mientras portaban pasamontañas…
Se agregó que estos agentes no llevaban el uniforme de la AEI, cuando durante toda la semana pasada se habló que estos llevaban este uniforme de las autoridades estatales, derivado cierto de filtraciones y que difícilmente se puede corroborar, tanto la afirmación como la negativa, pero que no se había descartado.
No conforme, también se dijo que el único que tenía conocimiento de la presencia de estos agentes, era el Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y que falleció en ese «accidente», por lo que toda responsabilidad cargaron contra el hoy difundo.
Renuncia del Fiscal.
Casi inmediatamente en cuanto concluyó la rueda de prensa Wendy Chávez, el fiscal general de Chihuahua, realizó otra rueda de prensa donde anunció que había presentado su renuncia, una información que había trascendido de manera extraoficial desde el viernes de la semana pasada.
Jáuregui reconoció la responsabilidad política por la falta de investigación y las omisiones relacionadas con la presencia de agentes extranjeros en la entidad, en presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Dio a conocer que presentó formalmente su renuncia, la cual fue recibida por el despacho de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al señalar que su decisión obedece a un acto de responsabilidad frente a los acontecimientos recientes.
En su pronunciamiento, admitió que la información inicial sobre la presencia de personas identificadas como presuntos funcionarios extranjeros fue inconsistente, además de reconocer fallas en la gestión institucional, así como en los mecanismos de control y comunicación.
Señaló que dichas omisiones comprometieron procesos que, como titular de la Fiscalía, tenía la obligación de garantizar, por lo que asumió la responsabilidad política derivada del caso.
Crisis en el círculo cercano de Eugenia Campos.
Este conflicto institucional ha llevado a uno, o el peor momento político de la gobernadora de Chihuahua, donde el tema lleva los reflectores nacionales e incluso internacional, debido a la falta e injerencia de Estados Unidos en México, la violación a la soberanía nacional y la misma constitución.
La mandataria y el panismo han instruido en intentar confundir la opinión pública a través de los medios de comunicación bajo su control así como una campaña intensa en redes sociales, donde se busca minimizar o desaparecer el tema principal que es la injerencia y participación del gobierno de Eugenia Campos con la CIA, sin la intervención de la federación, para llevar la discusión a la narrativa simplona de que la federación «ataca» a la gobernadora por haber destruido el supuesto narcolaboratorio, incluso se ha pretendido dirigir el tema a que la gobernadora pudiera ser la candidata del PAN a la presidencia, una campaña mediática que insulta la inteligencia de la opinión pública.