La decisión de cerrar Telegram, una herramienta de comunicación ampliamente utilizada por una gran parte de la sociedad española, plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial en el país.
La reciente orden del Juez Santiago Pedraz de cerrar la plataforma de mensajería Telegram en España a instancias de Atresmedia, Mediaset y Movistar (este último responsable del cierre de más de 70 medios en iberoamérica contrarios al régimen de Nicolás Maduro) ha suscitado inquietud en relación con la libertad de expresión en el país, especialmente en el contexto de las elecciones europeas programadas para el 9 de junio.
La decisión de cerrar Telegram, una herramienta de comunicación ampliamente utilizada por una gran parte de la sociedad española, plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la imparcialidad en el manejo de asuntos de interés público.
Es relevante destacar que esta medida se produce en un momento en el que el candidato outsider Alvise Pérez ha desempeñado un papel activo en la denuncia de presuntos actos de corrupción. Pérez, reconocido analista y comunicador, ha utilizado su influencia en redes sociales, incluido un canal de Telegram con una importante audiencia, para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública.